Como la crisis
de las pirámides o el escándalo de las pirámides son el nombre dado
en Colombia a una serie de acontecimientos ocurridos en 2008 dados a
raíz de la quiebra e intervención estatal de varias empresas que, bajo
diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que
han sido acusados por las autoridades colombianas de actividades ilegales tales
como esquemas piramidales, captación ilegal de dinero y lavado de dinero.
La sospecha
de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran
originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas esconden otro
tipo de delitos tales como blanqueo de activos producto de otras actividades
ilegales, principalmente del narcotráfico.
La locura por
las pirámides logró penetrar gran parte de los distintos niveles
socioeconómicos colombianos, la influencia sobre la política y a su vez la
competencia entre distintas pirámides terminó por suscitar no solo una crisis
en los departamentos más afectados como lo fueron Putumayo, Nariño, Cauca, Valle
y el Eje cafetero, sino que a su vez la crisis logró afectar la economía del
país.
El punto
álgido de la crisis se dio en noviembre cuando el presunto esquema Ponzi Proyecciones
D.R.F.E. quedó ilíquido en algunas ciudades del suroriente colombiano, lo que
produjo una intervención estatal que en su momento fue denunciada por dueños y
clientes de DFRE como propiciadora del quiebre definitivo.
En virtud de las
protestas que generó esta intervención y las denuncias a D.M.G Grupo Holding S.A.
de ser o bien una pirámide o bien un lavadero de activos, el gobierno decretó
un estado de emergencia social el 17 de noviembre. Bajo este estado de
excepción, la Superintendencia de Comercio decretó la disolución de DMG y la
fiscalía ordenó la captura de su representante legal David Murcia Guzmán y
otros seis de sus socios.
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